"La parlamentaria consideró que los juicios por delitos de Lesa Humanidad, en los que se juzga a los artífices del más sangriento genocidio ocurrido en nuestro país, no son más que una ‘manipulación de la justicia al servicio de la venganza’. Carrió promete –de convertirse en Presidente- ‘la revisión de las cosas juzgadas írritas’, desconociendo por completo los logros en materia de derechos humanos y reparación histórica a las víctimas conseguidos mediante la labor y la lucha de organismos de Derechos Humanos, en especial asociaciones de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo", sostuvo Badié. Además, el funcionario agregó que Carrió comete "la inconcebible falacia de adjudicarse la autoría de la Ley de Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que promulgó el entonces presidente Raúl Alfonsín". "Esta Secretaría siente la necesidad y el compromiso de desmentirla, recordando los hechos tal y como la historia debe transmitirlos", dijo. Badié recordó que, originalmente, el proyecto de ley de anulación de las leyes de impunidad fue redactado por el Dr. Carlos Zamorano, propuesto por el entonces diputado nacional Floreal Gorini y, tras el fallecimiento del legislador, perdió estado parlamentario. Explicó que, en el año 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara Baja un proyecto para anular estas leyes, iniciativa que fue apoyada por el Presidente Néstor Kirchner. El 12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobó la ley por la que se declaran "insanablemente nulas" estas leyes. El proyecto con media sanción de Diputados pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 21 de agosto de 2003. La ley que anuló las leyes del perdón y de la impunidad fue promulgada por el Presidente Kirchner el 2 de septiembre de 2003. Dos años después, el 14 de junio de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986, sean juzgados.