El funcionario mantendrá durante dos días encuentros de trabajo en diversos organismos del gobierno provincial, teniendo en cuenta que Río Negro es la segunda provincia del país en implementar dicho Protocolo. "Mi visita a la provincia tiene que ver con la implementación de una Convención Internacional que Argentina impulsó, apoyó y llevó adelante desde el año 2004 y que obliga a establecer mecanismos de prevención de torturas y malos tratos en lugares como comisarias, cárceles, hospitales psiquiátricos, espacios de resguardo de jóvenes o clínicas. Rio Negro es la segunda provincia que lo estableció, en el año 2012, y nuestro trabajo es fortalecer su Comité", indicó Font. Por su parte, Daniel Badié, Secretario de DDHH de Río Negro, explicó que el Comité funciona de forma autónoma, sin responder a organizaciones de la comunidad ni del poder ejecutivo: "se encarga de visitar las cárceles y elaborar informes al ejecutivo en lo que tiene que ver con instituciones penales", dijo. "Siempre solicitamos el apoyo técnico sobre temas específicos a la Secretaría de la Nación, para consolidar instrumentos que tienen que ver con la Convención Internacional y, en este caso, la prevención de torturas y malos tratos", agregó. Durante los dos días se trabajará de acuerdo a documentación elaborada a fin de impulsar la construcción de consensos federales, entre actores estatales y de la sociedad civil, para la efectiva y adecuada implementación del Protocolo Facultativo en el país. Ambos funcionarios mantendrán además un encuentro con Julieta Vinaya e integrantes de la Comisión Atahualpa. Vale mencionar que en el año 2014 se estableció en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos de la Nación un área responsable de la implementación en la Argentina del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Con la creación de esta área específica se busca consolidar la puesta en funcionamiento de la implementación del Sistema Nacional de prevención de la tortura, fortalecer los Mecanismos Locales de Prevención de la tortura existentes, y brindar asistencia técnica y apoyo político a las provincias en el proceso de creación y puesta en funcionamiento de los Mecanismos Legales de Prevención.