La funcionaria, que depende del Ministerio de Educación, manifestó "su preocupación respecto del retroceso que representa en materia de Derechos Humanos el fallo de la Corte Suprema para beneficiar genocidas". Desde la cartera también se aclaró que "el objetivo de la Ley 24.390 tenía como punto central los delitos comunes a fin de hacer frente a los largos procesos penales, y la enorme cantidad de presos sin condenas que superpoblaban las cárceles del país, y que si bien no excluía expresamente los delitos de lesa humanidad, no podía hacerlo, ya que al momento de sancionarse no existía posibilidad alguna que los responsables de estos delitos sean juzgados, debito a la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final". Actualmente, y pese al reclamo permanente de los Organismos de Derechos Humanos, los condenados por delitos de lesa humanidad se vieron beneficiados en las ejecuciones de sus condenas, por ejemplo, en el otorgamiento casi automático de prisiones domiciliarias por el solo hecho de haber cumplido 70 años de edad. Según los datos proporcionados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay más genocidas libres que presos: de un total de 1044 detenidos a marzo de 2017, 518 se encuentran cumpliendo la condena en su domicilio. El fallo de la Corte aplica retroactivamente una Ley que no existía al momento de cometerse los delitos y se encontraba derogada al momento de la prisión preventiva y sentencia. En tal sentido, aplica el beneficio del artículo 7 de la ley 24.390, vigente desde el 22 de noviembre de 1994 hasta el 1 de junio del año 2001, a un condenado que gozaba de impunidad en este período y aún no había sido sometido a juicio. De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, sancionada en 1994, el delito de desaparición forzada es de carácter continuado o permanente. Es decir, que mientras no se establezca el destino o paradero de la persona desaparecida, el delito continúa cometiéndose. El fallo de la Corte Suprema otorga un beneficio de reducción de pena a un condenado que sigue cometiendo el delito. "Los delitos de lesa humanidad no pueden ser jamás equiparados a los delitos comunes, por su carácter imperativo de juzgamiento, insusceptibles de amnistías, indultos, prescripción o cualquier otro excluyente de responsabilidad que pretenda impedir su investigación y sanción. El Estado argentino se encuentra en una situación de incumplimiento de los pactos de Derechos Humanos a los que se ha obligado internacionalmente, corriendo el riesgo de ser sancionado internacionalmente", indicó la secretaria de Derechos Humanos. Asimismo, constituye una situación peligrosa y amenazante para la vida cotidiana de la ciudadanía, ya que abre la posibilidad de que centenares de genocidas queden libres. En los últimos años, Argentina se ha destacado por su gran compromiso en la lucha por los Derechos Humanos, principalmente a través de la reapertura de los procesos judiciales llevados a cabo a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Tales juicios son llevados a cabo por jueces nacionales con todas las garantías constitucionales correspondientes. "El fallo hace que estos procesos que durante tanto tiempo fueron esperados por víctimas y familiares, hoy se vean vulnerados y con posibilidades de inminente impunidad, situación que esta Secretaría de Derechos Humanos, repudia enérgicamente", destacó Méndez. "Entendemos el temor y el estado de vulnerabilidad que se encuentran experimentando tanto los familiares como las víctimas y testigos de las causas por delitos de lesa humanidad. Consideramos, en este contexto, que es de suma importancia apoyar y acompañarlos, ya que con enorme valentía, y aún después del paso del tiempo, se vuelven a sumergir en el recuerdo del horror para contar lo vivido y construir Memoria en base a la Verdad para obtener Justicia. No sólo por ellos o por aquellos que hoy se encuentran desaparecidos, sino para aquellas generaciones futuras que tienen la enorme responsabilidad de llevar adelante un verdadero y definitivo Nunca Más. Por tanto, esta Secretaría se compromete a continuar trabajando y acompañando este proceso, velando por la vigencia de los derechos conquistados", finalizó la funcionaria.