Esta decisión de la cartera educativa se enmarca en las instrucciones del juez Marcelo Gutiérrez, mediante las cuales ordena a dicho organsmo efectivizar el acceso a la escolaridad obligatoria a niños de 4 años que a la fecha no fueron incorporados. En el mismo texto, el magistrado señala "lo sorprendente de la situación, en la que -existiendo 94 vacantes comprobables y distribuídas en diferentes jardines de la localidad- aún no hayan sido incorporados la totalidad de los menores". Por tal motivo, ordena que "en un plazo de 5 días, se instrumenten los recursos administrativos y legales necesarios, para la incorporación de los niños al sistema educativo formal". A la vez indica también que "de no cumplir con sus misiones y funciones las señoras supervisoras, deberá ser el mismo organismo quien implemente las acciones necesarias". Sobre dichos fundamentos, y luego de haber agotado las instancias de comunicación con ambas supervisoras en cuestión -sin resultado positivo alguno-, el Ministerio de Educación y DDHH decidió separarlas del cargo y actuar en su lugar para incorporar a los niños que esperan desde marzo iniciar su escolaridad obligatoria, garantizada por el Estado provincial.