Creación de la Secretaría de Derechos Humanos

Esta breve reseña histórica tiene por objeto observar la evolución de una decisión del Gobernador Álvarez Guerrero en 1984, en concordancia al gobierno nacional de Raúl Alfonsín, que proponía la institucionalización de las políticas de Derechos Humanos a nivel provincial y nacional.

Durante un largo interregno, entre 1984 y el año 2003, tras la disolución de la Comisión Investigadora, creada por decreto 375/84, la temática de los Derechos Humanos estuvo en suspenso. Tras las elecciones en las que resultó electo Miguel Saiz (2003-2011) se creó la “Dirección de Derechos Humanos” del Ministerio de Gobierno, cuyo Director fue Rubén Bertea.

La Dirección asume el rango de “Subsecretaría de Derechos Humanos” a partir del año 2004.

A partir del decreto 1229 del 23 de agosto del año 1993, se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Derechos Humanos y Relaciones con la Comunidad; que tenía como misiones coordinar y asesorar en los aspectos jurídicos y administrativos inherentes al respeto de los Derechos Humanos así, como también, programar y coordinar actividades tendientes a difundirlos. También, facultaba para funciones tales como la recepción de denuncias.

En ese mismo año, se sanciona la ley 2618 que crea con carácter experimental dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno, el “Programa de Asistencia a la Víctima del Delito”. El 23 de septiembre de 1993 se reglamenta dicha ley, siendo la Dirección de Derechos Humanos y Relaciones con la Comunidad quien dentro de su órbita asume la creación de los Centros de Atención a la Víctima. En este momento, el Director de Derechos Humanos fue el Sr. Rubén Bertea.

En el 2004, la Dirección cambia a Subsecretaría de Derechos Humanos. En ese año se logra conformar formalmente un equipo para atender las demandas, designando como Subsecretaria a la Sra. Gladys Cofré, quien se desempeñó en el cargo desde el año 2004 al año 2011, período en el cual se crearon dos áreas, la del Centro de Atención a la Víctima del Delito (CAVD), y la del Equipo de Derechos Humanos.

Ya en el 2011, luego del 10 de diciembre, la Subsecretaría fue jerarquizada al rango de “Secretaría de Derechos Humanos”, designando a la Sra. Ana Huentelaf.

El 12 de enero de 2012, el gobernador Alberto Weretilneck, designa a Edgardo Bagli. Hasta ese momento la Secretaría se encontraba dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno.

En el año 2012, se modifica la Ley de Ministerios y la Secretaría pasa a depender del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, asumiendo a partir de noviembre del 2012 el Sr. Néstor Busso hasta agosto del año 2014, momento en el cual asume el Sr. Daniel Badié.

Actualmente, y desde el 17 de febrero de 2017, la secretaria de Derechos Humanos es la Dra. Laura Méndez.

 

Recuperación del edificio Casona de la Memoria “Eduardo Bachi Chironi”

 

 

“La Casona” fue una de las primeras construcciones tipo mansión que se realizara en la zona de la costanera viedmense. La familia que la construyó la habría vendido o alquilado en el año 1978 al Ejército Argentino, y desde esos años funcionó como dependencia suya.

Una de las versiones de la historia es que fue adquirida como punto estratégico frente al conflicto por el Canal de Beagle con Chile.

Este conflicto entre la República Argentina y la República de Chile era sobre la traza de la boca oriental del Canal de Beagle, afectando la soberanía de las islas ubicadas al sur del canal y al este del meridiano del Cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes.

Los primeros antecedentes del conflicto datan de 1888, siete años después de la firma del Tratado de Límites, cuando apareció el mapa argentino en el que las islas en cuestión fueron dibujadas bajo la soberanía Argentina. A pesar del pequeño tamaño de las islas, su valor estratégico entre los océanos Atlántico y Pacifico originó un largo conflicto entre ambos estados sudamericanos durante gran parte del siglo XX.

La disputa se centró por la posesión de las islas e islotes ubicados en el llamado “martillo”, un polígono definido en el Compromiso de Arbitraje de 1971 en el que se hallan ubicadas las islas Picton, Lennox y Nueva.

Hasta ese año, los gobiernos democráticos de Perón, Frondizi e Illia optaron por acuerdos bilaterales en el marco de la vía diplomática.

A partir del Golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar retoma las negociaciones por el conflicto y en el año 1977 se somete a un arbitraje de la Corona del Reino Unido. Como la decisión de dicho arbitraje no conformaba la posición de los dictadores, declara unilateralmente la nulidad de lo resuelto. El conflicto llega al punto en que ambos países movilizan tropas hacia la región y hubo riesgo de declaración de guerra.

Entre los años 1978 y 1980, se firman los acuerdos de Montevideo en los que se solicita la mediación Papal y se firma el compromiso de no recurrir al uso de las fuerzas armadas.

Producto de esta mediación, se le reconoce a la República Argentina su jurisdicción en las aguas y la soberanía de las islas es otorgada a Chile.

Finalmente, y con el retorno de la democracia en 1984, se firma el Tratado de paz en el que queda resuelto que las islas son chilenas y Argentina mantiene la navegación sobre el canal.

En ese mismo período y hasta el 1982, también se da el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas con el Reino Unido, en el que Argentina pierde la soberanía sobre las islas.

En ese contexto de dictadura cívico-militar, el Ejército habría fijado como punto estratégico la “Casona”, no sólo por la posición adoptada frente al conflicto por el canal de Beagle, sino que también podría haber sido utilizada por los servicios secretos de esta fuerza en tareas de inteligencia con relación a la persecución, secuestro y desaparición forzada de personas que formó parte del Terrorismo de Estado que se instaló en nuestro país.

Durante los años previos a la democracia, no hay datos exactos sobre el momento en que es “desarmada” La Casona.

El reclamo por la recuperación y remodelación para convertirlo en un espacio cultural de Memoria activa surge con el advenimiento de la democracia y la participación de los grupos y personas militantes por los Derechos Humanos, siendo un proceso largo, debiendo sortear diferentes obstáculos políticos.

“La Casona” fue adquirida por el Estado Provincial en el año 2005, en el marco de una política de preservación e identificación pública de aquellos lugares que fueron propiedad de las Fuerzas Armadas y que funcionaron como centros de apoyo y logística de los Centros Clandestinos de Detención durante el Golpe cívico-militar.

Esta iniciativa en consonancia con las políticas de Derechos Humanos de Memoria, Verdad y Justicia, propuestas por el Gobierno Nacional tiene como objetivo recuperar el sentido del mismo como espacio destinado a la Memoria, a la libre expresión y a la participación ciudadana.

Finalmente en el año 2008, por ley Provincial, se denominó a La Casona con el nombre Eduardo Mario “Bachi” Chironi, y por decreto del mismo año, comienza el funcionamiento del Archivo Provincial de la Memoria.

CENTROS CLANDESTINOS DE RÍO NEGRO

Nombre de la Casona de la Memoria Eduardo Mario “Bachi” Chironi.

Nació el 6 de agosto de 1951 en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro. Hijo de Juan Fernando Chironi y María de los Ángeles Fernández.

Bachi se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), egresando en el año 1976. Durante esos años, participó políticamente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y del Partido Peronista Auténtico.

Entre los años 1972 y 1976, fue empleado del Banco Provincia de Río Negro y delegado gremial.

El 3 de agosto de 1973, se casó con María Cristina Cévoli, madre de sus cinco hijos/as: Matías, Fernanda, Laura, Juan Manuel y Ana Luz. Vivieron durante dos años en Capital Federal y luego se instalaron en la ciudad de Viedma.

En agosto de 1976, por aplicación de la ley de prescindibilidad decretada por el gobierno de facto provincial, Bachi fue despedido del Banco.

En 13 de diciembre de 1976, teniendo conocimiento de que estaba siendo perseguido, se presentó espontáneamente en la sede de la Policía Federal de Viedma quedando detenido. Dos días más tarde, fue entregado al V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca. A partir de allí, permaneció secuestrado en el CCD “La Escuelita”, donde fue salvajemente torturado, hasta que el 24 de diciembre de ese año fue trasladado a la Unidad Penitenciaria IV Villa Floresta. El 22 de agosto de 1977, fue trasladado al penal de Rawson donde permaneció detenido hasta el 15 de marzo de 1978.

Una vez en libertad, continúo su compromiso con la política, la democracia y los derechos humanos.

De 1983 a 1985, fue Director General de Economía de la Municipalidad de Viedma; entre 1987 y 1989, ocupó una banca en el Consejo Deliberante municipal.

 

Fue legislador provincial desde el año 1995 al 1999 por el Frente País Solidario (FREPASO) y de 1999 al 2003 por el Frente Grande. Desde el año 2004, hasta su fallecimiento, ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo del Comité Provincial de Adhesión al Programa Nacional Anti – Impunidad.

Falleció el 22 de septiembre de 2008 en la ciudad de Viedma a causa de una enfermedad derivada de los maltratos y torturas recibidos durante su cautiverio.

Posteriormente, su caso llegó a instancias judiciales en los tres procesos impulsados hasta el momento en la ciudad de Bahía Blanca contra el V Cuerpo del Ejército: Causa Bayón, conocida como “Escuelita 1”, con sentencia de 2012; Causa Stricker, conocida como “Escuelita 2”, con sentencia en 2013; y Causa González Chipont, “Escuelita 3”, con sentencia en 2017. Los delitos juzgados en estas tres instancias judiciales condenaron a 47 represores.

Hombre de larga y vasta trayectoria en la vida política y social, e incansable trabajador por los derechos humanos, contribuyó acabadamente en el fortalecimiento democrático de nuestra provincia.

Su nombre es y será un símbolo para las nuevas y sucesivas generaciones de rionegrinos que podrán reconocer en su historia los valores más relevantes para construir un país con justicia y verdad.

Ley de nombramiento N° 4363

Decreto N° 659/05 (Adquisición del inmueble de La Casona)